familiar comunitario. ingresos de trabajo sin permiso

Breve Comentario sobre la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 02-10-19. Asunto C-93/18

Abogado Lino García. Calle Príncipe 53. Vigo – Pontevedra

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Requisito de recursos económicos suficientes – origen de los recursos – derecho de residencia de ascendiente de menores de edad ciudadanos de la unión – cuestión prejudicial planteada luego de una revocación de nacionalidad – orden público

Familiar Comunitario. Ingresos de trabajo sin permiso ¿sirven los ingresos del trabajo de un familiar comunitario que no disponga permiso de residencia?

En esta oportunidad el TJUE fija y refuerza criterio respecto a varios aspectos que -aun cuando- no son muy comunes, pueden afectar a la vida familiar constituida por ciudadanos comunitarios y ciudadanos extracomunitarios.

El asunto procede de un litigio planteado en Reino Unido y, en el cual, la parte demandante –ciudadano extracomunitario padre de 2 hijos menores de edad comunitarios- tras obtener en vía administrativa una denegación de solicitud de residencia, tras obtener una desestimación del recurso contencioso interpuesto (desestimación confirmada por el órgano jurisdiccional superior respectivo) y toda vez llegado el asunto al tribunal de apelación de Irlanda del Norte, se busca mediante una cuestión prejudicial determinar si el artículo 7 de la Directiva 2004/38/CE debe interpretarse principalmente en el sentido de saber si es viable conceder una autorización de residencia cuando el solicitante dispone de medios económicos procedentes de un trabajo ilegal al no disponer del permiso de residencia preceptivo.

Como sabemos, el derecho a la entrada, libre circulación y más concretamente el derecho de establecimiento y residencia por un periodo superior a 3 meses en cualquier Estado Miembro no son derechos incondicionados, ya que exigen la tenencia de elementos imprescindibles para no convertirse en una carga para cualquiera de los Estados.

Tal elemento imprescindible para no ser considerado una carga estadal consiste en la tenencia de recursos económicos suficientes o en su caso, la tenencia de un contrato de trabajo.

En cualquiera de los dos casos, sabemos que en la práctica dicho elemento puede sufrir variaciones que pueden incidir en una valoración –a veces restrictiva- por parte de las administraciones de dichos Estados Miembros y que gracias a interpretaciones del máximo Órgano Jurisdiccional Europeo -Tribunal de Justicia de la Unión Europea- se consigue una solución con una tendencia marcada en el reconocimiento del derecho de residencia truncado o no querido ser reconocido en vía administrativa.

Es absolutamente normal que los miembros de una familia puedan vivir situaciones puntuales de cesantía laboral e incluso de una merma de sus ahorros, fuentes de ingresos, etc., pero que en definitiva, dicha situación no necesariamente debe sellar un estado definitivo de ausencia de medios económicos debido a que de la misma forma en la que se pierde un puesto de trabajo, nada impide que pueda conseguirse un nuevo puesto, debido a que de la misma forma en la que se reduce el patrimonio o ahorros también nada impide que pueda llegar a ser subsanada o mejorada esta especie de suerte económica puntual.

Es aquí cuando es necesario determinar el espíritu e interpretar la Directiva 2004/38/CE así como sus transposiciones en cada Estado Miembro en un sentido amplio, no restrictivo, menos rigorista y enfocado a mermar perjuicios de difícil reparación a los miembros de la familia tanto extracomunitarios como al propio comunitario.

En este asunto el TJUE ofrece un razonamiento lógico sobre el hecho de que un ascendiente de un ciudadano comunitario que ha  obtenido ingresos o recursos provenientes de relaciones laborales realizadas sin contar con el preceptivo permiso de trabajo debe considerarse como fuente ingreso legal.

Se trataba de un caso en el cual, el ciudadano extracomunitario pretendía obtener un permiso de residencia como familiar comunitario en Reino Unido con una casuística bastante particular en el sentido de que además de ser objeto de reproche la legalidad o no de los ingresos económicos, se había separado formalmente de la ciudadana comunitaria que le procuró la tarjeta de residencia objeto de renovación, tras ello, sale de Irlanda y se casa con una ciudadana también extracomunitaria sin que su tarjeta de residencia fuese revocada en ningún momento.

Este ciudadano extracomunitario tiene dos hijos de la primera relación y un tercer hijo con la nueva pareja, de los cuales, los dos primeros poseían la nacionalidad Irlandesa. Aspecto este relevante desde el punto de vista de que en época de ser planteada la cuestión prejudicial, la administración de Reino Unido había promovido una extinción y efecto retirado la nacionalidad de estos 2 hijos solo que en el momento de planteamiento de la cuestión prejudicial, las decisiones que acordaron la revocación de la nacionalidad de estos dos hijos no habían adquirido firmeza, es decir, la sentencia de revocación no había alcanzado el efecto de cosa juzgada.

En relación a la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra b), EL TJUE deja claro que dicho artículo no discrimina o no detalla cual debe ser el origen de los recursos económicos suficientes, es decir, “no impone la más mínima exigencia en cuanto a su procedencia”. Cosa distinta es determinar si tales ingresos provienen de una fuente de ingreso proveniente de un trabajo para el cual no sea titular de una tarjeta de residencia en vigor, aun así, razona en el sentido de que la Directiva solo exige la tenencia de medios económicos suficientes para no convertirse en una carga para el Estado sin establecer más requisitos, por lo que, el origen de los ingresos no está contemplado en el artículo 7 de la Directiva, insistiendo que en dado caso, el artículo 7 “debe interpretarse respetando los límites impuestos por el Derecho de la Unión y el principio de proporcionalidad”.

Por otra parte, enfatiza el TJUE en el hecho concreto de que los ingresos del trabajo estaban sujetos a cotizaciones fiscales y al sistema de la seguridad social, que los miembros de la familia no habían accedido a la asistencia social en Reino Unido y que los ingresos obtenidos durante los últimos 10 años habían servido para mantenerse así mismo y a los miembros de su familia.

Para concluir y en relación al argumento de mantenimiento del orden público alegado por la administración del Reino Unido para restringir el derecho de residencia, el TJUE manifiesta que dicho concepto de orden público debe ser objeto de una interpretación estricta de tal manera que su alcance no debe ser determinado de forma unilateral por un Estado Miembro sin el control de las Instituciones de la Unión.

Con lo que termina el TJUE afirmando que el artículo 7. Apartado 1, letra b) de la Directiva debe interpretarse en el sentido que un ciudadano menor de edad, dispone de medios económicos suficientes para no ser una carga excesiva para el Estado Miembro durante su residencia y aun cuando dichos recursos procedan de un empleo ejercido de forma ilegal por su progenitor extracomunitario que no dispone de un permiso de residencia y trabajo.

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